La historia de la Educación Superior nicaragüense se remonta al siglo XVII. En el año 1680 fue fundado en la ciudad de León, el Seminario Conciliar de San Ramón Nonnato, antecesor de la primera universidad del país. En 1812, las Cortes de Cádiz crearon la “Universidad de León”, mediante el Decreto 117, por el cual “se concede a la provincia de Nicaragua que en su capital, la ciudad de León, el Seminario Conciliar se erigiese en Universidad con las mismas facultades que las demás de América” (Arellano, 1973).
En 1947, la Universidad de León fue elevada al rango de Universidad Nacional. En 1951 se transformó en la única Universidad del país, pues las Universidades de Granada, creada en 1879, y la Central de Managua, fundada en 1941, fueron clausuradas por el Dictador Somoza García en 1951 y 1946, respectivamente. El modelo de funcionamiento de la Universidad , carente de toda autonomía y dependiente de la voluntad dictatorial del Poder Ejecutivo de la nación, la había conducido, para este momento, a una situación de decadencia y abandono. (Tünnermann, 1999).
En la década de los 70 las universidades existente en Nicaragua eran; Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), la Universidad Centroamericana (UCA), fundada por la Compañía de Jesús en 1960. El resto de instituciones de educación terciaria existentes en ese momento (la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), fundada en 1967; la Escuela Nacional de Agricultura (ENAG); y las Escuelas de Agricultura de Estelí y Rivas centraban su actividad en la docencia (De Castilla, 1998).
Durante la década de los 80 en Nicaragua existían solamente cuatro Universidades Estatales; La UNAN-LEON , UNAN-MANAGUA, La Universalidad Nacional de Ingeniería UNI, y La Universalidad Nacional Agraria UNA, y cuatro Universidades privadas UCA, UPOLI, y las Escuelas de Agricultura de Estelí y Rivas, siendo el estado el que asumió el financiamiento de las cuatro instituciones privadas de nivel superior que existían en el país, en igualdad con las universidades estatales, y se constituyó un sistema mixto de la educación superior sujeto a la dirección del Estado por medio del Consejo Nacional de Educación Superior (CNES), que en la práctica funcionaba como un ministerio de estado.
Esta situación cambió con la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, Ley Nº 89, del 5 de abril de 1990. El Estado dejó de intervenir en la tarea de las universidades a la que otorgó amplias facultades para organizarse y para desempeñar sus funciones, pero sin dejar de asegurarles financiamiento estatal para las ocho instituciones existentes en la fecha de su vigencia, de las cuales cuatro eran públicas y cuatro privadas. Como instancia de coordinación y asesoría se creó el Consejo Nacional de Universidades (CNU).
Desde 1990 se han establecido muchas universidades privadas nuevas en el país y estas a la vez estas han creados Centros Universitarios Regionales (CUR) en diferentes municipios del país. Actualmente en la lista general de Instituciones de Educación Superior para este año 2009 se encuentran inscritas y autorizadas a funcionar por el CNU 52 instituciones, de las cuales 6 son públicas y 46 son privadas.
La gran cantidad de Instituciones de educación superior y la carencia de sistemas adecuados de coordinación y evaluación, provocó una preocupación generalizada que condujo a un análisis general del sistema de educación superior en Nicaragua el que reveló la existencia de problemas de control de calidad y de pertinencia de la educación impartida, y la de debilidades en la gestión financiera, académica y de recursos humanos. Por tal motivo el estado de Nicaragua creó el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación CNEA de las Instituciones de Educación Superior del país cuya finalidad es de asegurar la Calidad y mejoramiento continuo de la educación superior en Nicaragua.
Actualmente las universidades privadas atienden a la mayoría de los estudiantes que acuden a la educación superior en Nicaragua. Según datos del propio CNU, en el año 2000 las 4 universidades públicas, miembros del CNU, tuvieron una matrícula de 37,543 estudiantes mientras que las 6 universidades privadas, miembros del CNU, tuvieron una matrícula de 16,356 estudiantes. El documento ¨La Educación Terciaria en Nicaragua¨ del Dr. Ernesto Medina Sandino señala que la matrícula durante el año 2000 en las universidades privadas, no miembros del CNU, fue de 32,662 estudiantes. El total de la matrícula de este año 2000 en las universidades privadas fue de 49,018 estudiantes, el 56,6% de la matrícula total del subsistema.
El aumento en el número de las universidades privadas ha sido posible por que han logrado acercarse a las necesidades de los estudiantes mediante modalidades de estudio más asequibles, horarios y turnos de clases flexibles, proximidad geográfica y una flexibilidad para atender sus necesidades académicas. Es un reto para las universidades privadas acompañar estas ventajas con un esfuerzo en cuanto a la calidad y pertinencia de los programas académicos y en una mejora sustancial de la infraestructura física y tecnológica con que cuentan. Las 46 universidades privadas atienden un alto porcentaje de los estudiantes universitarios de nuestro país, aunque ninguna de ellas posee la matrícula estudiantil que tiene cualquiera de las universidades estatales de Nicaragua. Aunque el CNU actualmente no posee una base de datos que indique la cantidad de alumnos que atienden las 42 universidades del país. El CNU posee parcialmente la matrícula actualizada al 2009 de dos universidades estatales; Unan León con 19058 alumnos y Unan Managua con 28328 alumnos.
En abril de 1990 se aprobó por la Asamblea Nacional de la República la Ley 89 “Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior”, la que en su artículo 1 expresa lo siguiente: “Las Instituciones de Educación Superior tienen carácter de servicio público. Su función social es la formación social y ciudadana de los estudiantes universitarios, su prestación es función indeclinable del Estado”.
En su artículo 2 dice lo siguiente: “La Educación superior estará vinculada a las necesidades de desarrollo político, económico, social y cultural del país”.
En su artículo 56 se establece que: El Consejo Nacional de Universidades (CNU) es el órgano de coordinación y asesoría de las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior. En el artículo 78 numeral 3 dice: Se le confiere la atribución de Elaborar y coordinar la política nacional de la Educación Superior del país, en función de los recursos existentes.
Posteriormente, en agosto de 1992 se hizo una interpretación al artículo 55 dela Ley 89 dando como resultado la Ley número 151, la que en su artículo 1 en su parte medular se lee así: “El aporte ordinario del Estado, como garantía mínima para hacer efectiva la Autonomía Universitaria no debe ser menor del 6% del Presupuesto General de Ingresos de la República , debe calcularse sobre el total de los ingresos ordinarios y extraordinarios establecidos en el Presupuesto General de la República para el año correspondiente, independientemente del origen de dichos ingresos”.
Los Planes de Estudios de las distintas carreras universitarias están sustentados en el Sistema de Créditos y Requisitos Académicos, conceptos que varían significativamente entre unas y otras Universidades del país.
Los retos más significativos de la Educación Superior en Nicaragua pueden considerarse los siguientes:
1. Llevar a la práctica los Planes de Mejoramiento Institucional y de Programas resultantes de los procesos de evaluación llevados a cabo en los últimos años, incidiendo con ello una mejoría de la calidad de los graduados universitarios. Ello hará posible alcanzar con mayor prontitud la acreditación de Instituciones y Programas a fin de favorecer el reconocimiento de títulos emitidos por las Instituciones Nacionales y Centroamericanas en principio, a la vez, la movilidad académica de profesionales y estudiantes.
2. Incidir de manera especifica en la formación de alta calidad de profesores de matemática y español para contribuir a la solución gradual del problema que presentan los graduados de Educación Media en estas áreas.
3. Fomentar la investigación científica y la investigación educativa con una mayor y mejor participación de docentes y estudiantes en esta actividad, orientándola a la búsqueda de solución de los principales problemas del país en los que se espera las universidades tengan una significativa incidencia.
La situación que atraviesa la educación superior nicaragüense es muy compleja. Muchos de los problemas que enfrentan las instituciones de educación superior del país son propios del crecimiento acelerado de los últimos años, acompañado de un financiamiento insuficiente para atenderlo. También es evidente que el marco legal que rige a la educación superior aún no esta preparado para enfrentar y regular el fenómeno de la aparición de nuevas universidades privadas.
La situación económica del país pone de manifiesto la enorme fragilidad de la economía nicaragüense. La pobreza en que vive un gran segmento de la población, la deuda externa y la falta de una estrategia clara de desarrollo, que goce del consenso de la nación, son algunos de los principales problemas que el país debe resolver.
Es claro que un país como Nicaragua no puede salir de la situación en que se encuentra si no es realizando cambios profundos y radicales en sus sistemas de producción. La agricultura tradicional y la explotación de los recursos naturales no son suficientes para lograr este cambio. En esta época en la que el conocimiento y la información son los principales motores del desarrollo, es de vital importancia que Nicaragua posea un sistema educativo que garantice la formación de los recursos humanos capaces de asumir el reto que esta época y las futuras trae consigo.
En el contexto de las grandes limitaciones económicas que tiene el país, se hace necesario optimizar y usar eficientemente todos los recursos del gasto público, incluyendo naturalmente los destinados a educación. Lo anterior impone como primera gran tarea, buscar un gran consenso nacional sobre el papel de la educación, que lleve a la aprobación de un verdadero Plan Nacional de Educación, que permita una mejor articulación de los diferentes subsistemas. En la educación superior, el plan debe contemplar la definición de las metas de matrícula que el país se propone alcanzar al corto, mediano y largo plazo.
La educación superior nicaragüense no puede seguir teniendo como función principal, la preparación de profesionales para un mercado incierto. Tampoco puede ser vista como un simple medio de movilidad social. La educación superior debe estar en función de preparar a la juventud para los retos que el país enfrenta como consecuencia del avance científico y tecnológico. Además, la educación superior debe ser un factor fundamental para el desarrollo y transmisión de los valores y actitudes que permitirán se desarrolle y consolide una verdadera democracia.
Un sistema de educación superior más diversificado, con una variedad de instituciones que persigan diferentes objetivos y atiendan a diferentes grupos de estudiantes estaría en mejores condiciones de responder tanto a los intereses nacionales como a los individuales. El objetivo de esta diversificación debe ser atender a toda la gama de estudiantes que demandan educación a nivel terciario, evitando competencias innecesarias y el peligro que significa pretender ejercer una función educativa a un nivel para el que la institución no esta bien preparada. Esto significa que debe darse un proceso que, ligado a la misión, defina el tipo de necesidades educativas que tiene el país, para luego hacer un análisis de la oferta actual que conduzca a la redefinición del perfil de algunas instituciones, a recomendar el enfoque en cierta áreas y a la apertura de nuevas ofertas para llenar las brechas que sean detectadas.
En Nicaragua queda mucho por hacer para alcanzar una verdadera equidad en el acceso a la educación superior, no todos los egresados de la educación secundaria tiene acceso a la educación superior por diferentes causas. Ante el problema de la calidad de los estudiantes que egresan de la secundaria y aspiran a ingresar a la educación superior, se hace necesario tomar medidas urgentes que deben ser coordinadas con el Gobierno a través del Ministerio de Educación MINED. No deben algunas instituciones de educación superior buscar soluciones aisladas, y otras por puros criterios de competencia lo que hacen es ignorar el problema aún sabiendo las consecuencias que esto tendrá sobre la calidad de los futuros graduados.
La expansión y masificación educativa presenta algunas debilidades importantes a causa de los motivos que impulsaron su desarrollo, más cercano a los deseos y presiones sociales que al análisis de necesidades presentes y futuras del conjunto de la sociedad y como un plan de nación. En primer lugar, debe señalarse el hecho de que las capas medias y altas han sido las mayores beneficiarias de la educación superior, con lo cual se rompe el principio de equidad que debe presidir la prestación del servicio público de la educación superior.
El aumento cuantitativo del número de estudiantes en la educación superior –existen 52 universidades al 2010– se ha producido sin demasiada inversión y además ha tenido un impacto poco equitativo ya que, es notorio que benefició en mayor medida a los hijos de los grupos de ingresos medios y altos. Además la educación impartida no ha tenido en cuenta, de manera prioritaria, los requerimientos de la sociedad.
Por otra parte la investigación, otra de las funciones básicas de las universidades, ha sido casi inexistente o está muy concentrada en algunas universidades, desvinculada del aparato productivo y muy apartado del contexto internacional de ciencia y tecnología.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.
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